Aumenta la morosidad un 142,6% en Castilla y León
La morosidad en las empresas de Castilla y León ha experimentado un preocupante aumento durante el primer trimestre de este año, alcanzando niveles máximos desde 2020. Este incremento se atribuye a la inflación y al encarecimiento de la financiación, lo cual ha llevado a los consumidores a enfrentar dificultades para realizar los pagos correspondientes. Ante esta situación, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha introducido un nuevo indicador llamado «índice de morosidad en ventas a plazo», con el objetivo de analizar la tendencia de las empresas a recurrir a acuerdos de aplazamiento en el pago de facturas dentro de sus relaciones comerciales.
En el caso de Castilla y León, este indicador se situó 33 puntos por encima de la base promedio entre 2014 y 2019 (que se establece en 100), lo cual representa un aumento del 142,6% en comparación con el año anterior, cuando alcanzó un índice de 13,6. Además, este valor, que ha experimentado un incremento durante cuatro trimestres consecutivos, es el más alto desde el 42,4 registrado en el período de enero a marzo de 2019.
A nivel nacional, el índice de morosidad también ha experimentado un aumento interanual por cuarto trimestre consecutivo, situándose en 51,1 puntos. Si bien esta cifra no es excesivamente alta en comparación con registros históricos, sí representa el nivel más elevado desde 2020, junto con los datos del trimestre anterior. Según el informe de Cepyme, se compara este índice con la media anual de las distintas autonomías (que se establece en 100), y en el caso de Castilla y León, se sitúa en 121 puntos al inicio del ejercicio, en contraste con los 72,2 puntos del año anterior. Esto posiciona a la comunidad autónoma como la quinta con mayor índice de morosidad durante el primer trimestre, por detrás de Baleares (143), Murcia (141), Andalucía (140) y País Vasco (123,2).
Ángela de Miguel, vicepresidenta de CEOECyL (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León), ha expresado su preocupación ante esta tendencia creciente de la morosidad en la comunidad autónoma. Según De Miguel, este fenómeno está claramente asociado a la inflación y al mayor costo de la financiación debido al aumento de los tipos de interés.
La representante patronal ha destacado que la morosidad impacta principalmente en las microempresas, las cuales enfrentan mayores dificultades para obtener financiamiento y pagar sus facturas. Además, señaló que esto genera un efecto dominó que puede llevar al cierre de más empresas, ya que el incumplimiento en el pago de una factura afecta la cadena de valor y dificulta el cumplimiento de obligaciones posteriores.
De Miguel expresó su deseo de que la situación mejore, pero reconoció que el contexto económico actual sugiere un aumento en la morosidad. Por lo tanto, instó a implementar medidas de apoyo, especialmente para las empresas de menor tamaño, a fin de facilitar su financiación.
Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de políticas a medio y largo plazo que permitan el crecimiento y consolidación de las empresas, lo cual les brindará mayor capacidad para enfrentar situaciones como la actual. De Miguel resaltó que las grandes empresas también se ven afectadas, aunque de manera menos significativa, mientras que para las microempresas la situación es especialmente compleja a la hora de acceder a financiamiento.
En cuanto al periodo medio de pago, el informe de Cepyme destaca que las empresas están reduciendo dichos plazos en un esfuerzo por evitar la devaluación de sus pagos debido al aumento de los precios por la inflación, y para contrarrestar el incremento de los costos financieros de la deuda comercial. Este enfoque prudente en la gestión del flujo de efectivo se ve impulsado por los precios en alza, las restricciones en el crédito y los mayores gastos financieros.
En el caso de Castilla y León, el periodo medio de pago durante el primer trimestre de 2023 fue el más bajo entre las autonomías, con 71,1 días, muy por debajo de la media nacional de 82,1 días. Por otro lado, las autonomías con los peores registros fueron Madrid, con 94,9 días, y Murcia, con 94,5 días. Cantabria, con 71,6 días, y Aragón, con 71,7 días, también se encontraron en la parte baja de la tabla. Es importante destacar que el periodo medio de pago en la comunidad autónoma ha disminuido durante el último año, pasando de los 76,7 días registrados en el mismo período de 2021.
El análisis financiero, clave para evitar la morosidad
Un análisis financiero comprende diversas técnicas que permiten a los profesionales comprender la situación real de una organización. Su objetivo es transformar la información financiera en indicadores y ratios que faciliten la toma de decisiones.
La calidad de la información financiera utilizada influye directamente en la calidad de los escenarios planteados, las medidas correctivas aplicadas y la capacidad de proyectar el futuro de la organización. Al contar con información confiable y de alta calidad, se simplifica en gran medida la toma de decisiones estratégicas.
Es fundamental disponer de información precisa y oportuna para tomar decisiones acertadas sobre el futuro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que enfocarse demasiado en el análisis de los datos puede llevar a una parálisis en la toma de decisiones, conocida como «parálisis por análisis». Por lo tanto, es crucial seleccionar cuidadosamente los indicadores y ratios que reflejen la evolución de la empresa.
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Fuente: Zamora24Horas, Tactio.
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