La Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja ha anunciado una medida significativa para aliviar la carga fiscal sobre autónomos, pequeñas y medianas empresas (pymes) y particulares en la región. El límite exento de la obligación de aportar garantías en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago de deudas tributarias ha sido incrementado de 30.000 a 50.000 euros.

Esta decisión, que entró en vigor el pasado viernes 11 de agosto, fue publicada en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y busca adaptarse al actual contexto económico caracterizado por desafíos financieros tanto para familias como para los sectores productivos. La intención es proporcionar un respiro financiero a aquellos contribuyentes que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias sin poner en riesgo su liquidez.

Es importante señalar que esta exención no tiene carácter retroactivo. Por lo tanto, todas las solicitudes que ya estuvieran en proceso antes de la fecha de entrada en vigor de esta medida seguirán sujetas a la normativa anterior, que establecía un límite de 30.000 euros para la exención de garantías y que ha estado vigente desde 2016.

La ampliación del límite de exención es aplicable a deudas tributarias que no superen un total de 50.000 euros, ya sea que estén en periodo voluntario o en periodo ejecutivo de pago. Sin embargo, es importante destacar que en el caso de las deudas en periodo ejecutivo, las restricciones sobre bienes y derechos del deudor en el momento de presentar la solicitud aún se mantendrán.

En cuanto a la determinación de la cuantía mencionada, se considerarán tanto las deudas incluidas en la solicitud como cualquier otra deuda del mismo deudor para la cual se haya solicitado, pero aún no se haya resuelto, el aplazamiento o fraccionamiento. Además, se incluirá el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas que hayan sido aplazadas o fraccionadas, a menos que cuenten con garantías adecuadas.

Esta medida busca brindar un alivio financiero a los contribuyentes de La Rioja, especialmente a los autónomos, las pymes y los particulares, en un momento en el que la estabilidad económica es esencial para la recuperación de la región.